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Por orden de la Justicia, el 50% de los presos puede usar celular en Mendoza

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Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza, dio detalles de la situación de los presos y sobre cómo hacen para relacionarse con el exterior, en particular con los familiares que habitualmente iban a verlos a la cárcel, algo que se ha prohibido con la pandemia.

“La situación de las personas privadas de la libertad desde que se dio comienzo con la pandemia, es que no se pueden recibir visitas desde el 26 de marzo en las cárceles de Mendoza. Por eso, se autorizó el ingreso de la telefonía celular, que es la forma como hoy se están comunicando el 50% de las personas privadas de la libertad", aseguró Orellana en una entrevista con Elevediez.

En ese sentido, aclaró: "Ingresar un teléfono a la cárcel indica una serie de requisitos y condiciones que deben ser aceptadas, esa es la forma en la que hoy se manejan".

-¿Cómo hacen para controlar esto?

-El control de la comunicación, de lo que se habla por el celular no está permitido escuchar, porque sino eso sería espiar a una persona. La condición es que la persona tiene que habilitarlo y el teléfono debe estar comprado o venir del uso legal, cosa que rápidamente se permita identificar. Si con ese teléfono se cometió un delito, hay tres personas dentro de la cárcel a las cuales pertenece y serían responsables. Desde que se ha implementado esto, afortunadamente, no hemos tenido ninguna denuncia relacionada o algún pedido de investigación respecto al uso de la telefonía.

-Sectores de la oposición a nivel nacional expresaban su preocupación por el uso de la telefonía celular, sin control.

-El tema del uso del celular tiene la reglamentación, que tiene unos 20 artículos que la regulan. No pueden ser utilizados en cualquier lugar de la cárcel, sólo en sus celdas. No tiene regulación con el horario, sino tiene que ver con el descanso de la otra persona que está en la celda.Eso es para que una persona no se ponga hablar a las 2 de la mañana, obviamente.

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-¿Qué medidas se han tomado en el servicio penitenciario?

-Respecto al distanciamiento, el servicio penitenciario lo puso como objetivo apenas se empezó a hablar de la pandemia. En realidad, la pandemia trajo incertidumbre para todas las personas, para los que vienen, que trabajan en prisiones. La mayor preocupación era impedir que el virus ingresara a la cárcel y se ha hecho control sobre el personal penitenciario, que es el que permanentemente circula.

El mayor desafío después de 100 días, es "cómo convivir con la pandemia", sostuvo. "La cárcel no puede seguir en aislamiento, que significa inmovilidad. Hay que poner en marcha, ya lo venimos haciendo, los sistemas de Justicia, los sistemas de educación dentro de las cárceles.", explicó el funcionario.

-¿En las cárceles de Mendoza no se han producido contagios?

-No, por lo menos lo que está declarado a nivel nacional, es uno de los tres sistemas, porque hay provincias que tienen una sola cárcel. Mendoza tiene 18 dentro del sistema penitenciario, y tiene cero contagios hasta el momento.

“Las cárceles de Mendoza, hasta el día de hoy, han tenido el resultados de cero contagios", señaló Orellana.

-¿Hay libertad para que puedan hablar con quienes quieran por teléfono?

-El uso de la telefonía celular es privado. Por supuesto que si una persona tiene un delito sexual y se está comunicando con la víctima, siempre la denuncia de la víctima implica el secuestro y una nueva causa. Es tan responsable como nosotros de la como nosotros de los actos que se llevan adelante con ese teléfono.

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-¿Todos los presos tienen teléfono hoy?

-No, sólo el 50%. Acá no es el problema el teléfono declarado legalmente, acá el problema es el teléfono ingresado ilegalmente, que no tiene número de registro, que no tiene ninguna línea, que corresponde una línea prepaga, esos son los teléfonos que generalmente se utilizan para hacer actividades criminales.

"Lo que hay es más control, contrariamente a lo que se pensaba sobre el uso del teléfono. Si el teléfono está declarado y se cometen delitos, la Justicia viene, me consulta a mí y tengo que demostrar quién usó el teléfono. Entonces, lo que estamos viendo es, no sólo en nuestro sistema, sino comparándonos con otros sistemas, intercambiando información con los demás servicios. Hasta el momento, los resultados son más que satisfactorios, porque con teléfonos declarados, ingresados legalmente, hasta el momento son casi nulos los delitos de las amenazas o los intentos de coacción que se pueden llevar acabo", agregó el director.

-¿Una vez que finalice todo esto, los teléfonos se les van a retirar o van a mantener ese beneficio?

-La entrega del teléfono fue una decisión judicial, el retiro de teléfonos es una decisión judicial. Cuando termine esta situación de la pandemia, habrá muchas evaluaciones que hacer sobre si el teléfono hay que sacarlo. Con la nueva forma que nos estamos comunicando, esta pandemia ha dictaminado la muerte del papel, cada vez más. Hay un montón de costumbres nuevas que hay que evaluar y ver si son convenientes, o hay que retroceder al día anterior a la pandemia.

"El teléfono indudablemente será motivo, en su momento, de una decisión judicial nuevamente en todo el país", completó.

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Eduardo Orellana

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