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Buscan el aval de los gobernadores para avanzar con el acuerdo Mercosur-UE

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El Gobierno abrirá este jueves un nuevo capítulo de las negociaciones tras la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego de haber comenzado las mesas de diálogo sectorial con empresarios, la Casa Rosada juntará a los enviados de los gobernadores para explicar los alcances del tratado. Este tipo de gestiones serán clave, ya que el Poder Ejecutivo necesitará del aval del Congreso para ratificar el pacto.

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el canciller Jorge Faurie se reunirán con los ministros de economía de las provincias en el Palacio de Hacienda. Los ministros les explicarán cuáles serían eventualmente los alcances y el impacto que tendría el acuerdo en las economías regionales, una de las principales preocupaciones de los gobernadores.

La reacción de los mandatarios provinciales a la noticia del tratado de libre comercio firmado con las autoridades europeas fue dispar. Por un lado, los gobernadores de provincias con fuerte actividad primaria (agropecuaria e hidrocarburífera) manifestaron su satisfacción, mientras que otros, opositores o con distritos con componentes industriales, fueron más reticentes.

Por caso, el rionegrino Alberto Weretilneck, afirmó que su provincia "puede tener un rol de suma importancia en esta etapa, como generadora de productos primarios y tecnología que encontrarán en el mercado europeo, un nicho de una importancia incalculable".

Por el contrario, desde otra provincia patagónica la respuesta fue la contraria. El gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, apuntó: "Resulta inquietante la competencia que se puede generar con productos similares que se fabriquen en la Unión Europea y en nuestra zona". "Para el futuro de la industria fueguina y sus trabajadores sería muy perjudicial", comentó.

El Gobierno nacional presentó al tratado de libre comercio con la UE como una posibilidad para las provincias. "Vamos a trabajar con ellas porque queremos que todas las economías regionales se beneficien del acuerdo", comentó este jueves la secretaria de Comercio Exterior, Marisa Bircher.

Otro tema sobre el que las provincias deberán tomar una definición tiene que ver con uno de los aspectos incluidos del acuerdo: las compras públicas. El tratado rubricado explicita la posibilidad de que las empresas argentinas puedan ser proveedores de autoridades europeas, mientras que compañías del Viejo Continente también podrían ser parte de ese tipo de licitaciones.

"Cada año 250 mil autoridades europeas efectúan compras públicas servicios y bienes por un equivalente al 16% del PBI europeo (aproximadamente 2,7 billones de euros). El acuerdo permite a nuestras empresas participar de ese mercado, al tiempo que preserva nuestro propio sistema de compras públicas para pymes argentinas", destacó el Gobierno en un documento difundido días después de la firma del acuerdo.

Pero las compras subnacionales -provinciales y municipales-, no están incluidas en esta cláusula. Por eso, la opción que tendrán las gobernaciones es sumarse voluntariamente a ese régimen y abrir su sistema de compras públicas a firmas europeas.

La reunión de este jueves tendrá lugar a días de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur que se realizará en el Centro de Convenciones Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, entre los días 15 y 17 de julio.

El acuerdo entraría en vigencia en 2021

Sica y Faurie aseguraron que los puntos principales económicos y comerciales del acuerdo, incluyendo las bajas de aranceles, podrán entrar en vigor en 2021 de manera provisional.

Los funcionarios indicaron que, a diferencia de los temas ambientales, políticos o institucionales que requieren de la aprobación del parlamento de la Unión Europea y luego la ratificación del parlamento de cada miembro del bloque, en los temas económicos y comerciales se instrumentó una facultad delegada al Parlamento Europeo y pueden comenzar a estar operativos anticipadamente.

"En este momento está terminándose la redacción y luego comienza la inicialización que hacen los jefes negociadores y posteriormente es el término de mandarlos para la aprobación de los parlamentos", explicó Faurie. "Todos los capítulos que tienen que ver con política, aspectos institucionales, temas ambientales, compromisos genéricos de la UE, entre otros requieren la aprobación del Parlamento Europeo y luego la vuelta por los parlamentos de cada miembro del bloque; mientras que lo que es económico y comercial tiene una facultad delegada", dijo.

"Por lo tanto, salvo que se presente alguna objeción a ser discutida, los aspectos comerciales y económicos son aprobados por el Parlamento Europeo, lo aprueba la comisión y puede tener una aplicación provisional previa", aclaró.

Del lado del Mercosur, Faurie especificó que "para que entre en vigencia tiene que estar aprobado por los cuatro países del Mercosur y ahí hay un tema a resolver que si con la aprobación del Parlamento Europeo y de dos o tres de los cuatro países del Mercosur puede empezar de forma provisional ad referéndum a que sea aprobado definitivamente".

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