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Solo cinco municipios han adherido a la Ley de Información Pública

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A casi un año de la aprobación de la ley 9.070 de Acceso a la Información Pública, Diego Seoane, de la Oficina de Ética Pública, señaló que apenas cinco comunas han adherido a esta ley. Con esta herramienta, cualquier ciudadano puede solicitar vía online información de organismos estatales.

La ley reglamentó el mecanismo por el que los ciudadanos pueden formular pedidos puntales al Gobierno y sus reparticiones. “El acceso a la información pública es parte del sistema republicano de gobierno y la rendición de cuentas. Nuestra oficina lleva casi un año y la ley 9.070 de acceso a la información pública fue publicada el 7 de junio. Es muy nueva y novedosa la ley, no viene a consagrar un derecho sino que regula un procedimiento de un derecho ya consagrado, el derecho a la información pública”, dijo Seoane.

Los objetivos son “regular el acceso a información pública y la publicidad de actos de gobierno”. Añadió que las multas a funcionarios que no cumplan “no son lo más importante, se está trabajando sobre eso para los funcionarios garantes, pero es un borrador que va a acompañar un sistema que ya existe, están regidos por la ley de empleados públicos”.

Seoane señaló que la gente puede pedir la información “con una simple nota vía papel u online, pues están los formularios colgados en nuestra página y deberían estar en cada sitio web de los sujetos obligados, para solicitar lo que se quiere saber al funcionario garante, que deberá dar la información en 15 días hábiles. Si no está en su esfera de competencia, podrá reenviarla de manera fundada. Hay plazos perentorios que deben ser cumplimentados”.

La ley ha invitado a adherir a los municipios, “pero solo cinco lo han hecho: Santa Rosa, Godoy Cruz, Rivadavia, Guaymallén y Capital”. Sin embargo, el funcionario aclaró que “como este es un derecho humano consagrado a nivel internacional, no están exentos los municipios de la obligatoriedad de brindar la información, lo dice la Corte nacional y fallos internacionales. Lo que la oficina hará en breve es emplazar a los municipios para que adecúen su procedimiento de base. Sería importante que todos los municipios adhieran”.
En su artículo N° 7, la norma en cuestión designa a un funcionario garante que será el responsable de la aplicación de la ley y tendrá la responsabilidad de la atención directa y resolución de las solicitudes de información pública. También la máxima autoridad de cada repartición será responsable.

A fines del mes pasado, el gobernador Alfredo Cornejo reglamentó la norma y estableció que en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Estatuto del Empleado Público, que van desde un apercibimiento a una exoneración. Además se estableció que tendrán 15 días hábiles para responder los pedidos y se otorgará una prórroga de 15 días más si no llegan a tiempo.

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