Inicio Política Reelección de intendentes: un fallo judicial impregnado de vinculaciones políticas

Reelección de intendentes: un fallo judicial impregnado de vinculaciones políticas

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Un capítulo de la novela judicial por la enmienda al artículo 198 tendrá su fin la semana que viene cuando la Corte resuelva la cautelar. La promulgación de la enmienda constitucional que limita la reelección de intendentes, decretada por el gobernador Alfredo Cornejo el año pasado, se encuentra en plena batalla judicial luego de las acciones iniciadas por intendentes del justicialismo afectados por la medida del mandatario y cuya resolución quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia.

Se trata de un fallo que estará pregnado de disyuntivas políticas, es que cuatro recientes ex funcionarios del Ejecutivo van a intervenir directa o indirectamente, en él. Todos ocupan hoy cargos vitalicios, es decir que sus decisiones deberían trascender la coyuntura política.

En este sentido, se presentó ayer una recusación contra uno de los integrantes de la sala que debe expedirse sobre la cautelar presentada por los intendentes: Mario Adaro, quien fue ministro de Gobierno durante la gestión de Celso Jaque. Si Adaro acepta el planteo realizado por el asesor legal gubernamental, Ricardo Camet, tendrá que apartarse y no podrá decidir sobre la cautelar.

En este escenario, en la Sala II de la Corte quedan habilitados para decidir sobre la cautelar José Valerio y Omar Palermo, a quienes deberá sumarse un integrante de la Sala II, que no podrá ser Adaro. Ante ello, se prevé que Julio Gómez complete el tribunal.

El planteo de inconstitucionalidad fue realizado por Emir Félix (San Rafael), Jorge Giménez (San Martín), Martín Aveiro (Tunuyán) y Roberto Righi (Lavalle), los mismos jefes comunales –para acelerar la definición del máximo tribunal de justicia– presentaron una medida cautelar sobre la que la Sala I de la Corte tendrá que expedirse.

Por su parte, el Gobierno provincial le pidió a la Corte que suspenda la elección convocada por los intendentes justicialistas que quieren ir por otro mandato. Reclama esta medida como "ultima ratio" (última opción), más allá de que el Poder Ejecutivo ofrece antes una serie de argumentos para que la cautelar del justicialismo sea desestimada por el alto tribunal.

La suspensión de los comicios de abril sería, en ese sentido, una medida para que los intendentes no puedan sacar ventaja de una batalla legal que no saben cómo terminará.

El problema para el Gobierno es que, si es aceptada la cautelar, los intendentes justicialistas quedarán automáticamente habilitados para participar de la elección, sin que se haya resuelto la cuestión de fondo: si es constitucional o no la promulgación de la enmienda del año 2009.

Los intendentes en cuestión llamaron a elecciones anticipadas en sus departamentos para el 28 de abril (PASO). Debido a ese cronograma, la fecha máxima para presentarse como candidatos es el 9 de marzo.

De acuerdo con el cronograma fijado por la Corte una vez recibida la cautelar, después de darle vista el Gobierno para su descargo, ahora es la Fiscalía de Estado la que también debe emitir su opinión sobre el planteo. Ese organismo tiene tiempo hasta hoy para responder.

Con los fundamentos del Gobierno de Mendoza y la Fiscalía de Estado, la Corte tendrá cinco días hábiles para expedirse respecto al planteo de los intendentes. Los jueces encargados de la decisión deberán analizar el planteo de todas las partes.

Difícilmente la cuestión de fondo respecto al planteo de inconstitucionalidad del límite a reelecciones se resuelva antes del tiempo fijado por ley para la presentación de candidatos para las PASO municipales (es el 9 de marzo). Por esa razón, para los intendentes, es tan importante que haya expedición sobre la cautelar en los próximos días.

Según fuentes cercanas al Poder Judicial, a fin de la semana próxima se conocerá la decisión de la Sala II de la Corte.

De quedar suspendida la enmienda constitucional, lo que habilita a los caciques a poder presentarse en las elecciones, el Gobierno solicitará la inmediata resolución de la cuestión de fondo por parte del pleno de la Corte.

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