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Investigan la muerte Julen como un "homicidio"

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El domingo 13 de enero, Julen, un nene de dos años, se aleja para jugar en el campo mientras sus padres, José Ramallo y Victoria García, preparan una paella en la chacra a medio construir del novio de la prima de él en Málaga, España. Eran las 13.57. Según la declaración a la Guardia Civil, la madre está con el nene, pero recibe una llamada de trabajo y lo deja a cuidado del padre. Ahí Julen corre y se cae en un pozo de más de 100 metros de profundidad y 25 centímetros de ancho que se utiliza para buscar agua.

El caso conmovió al mundo. Ese pozo era ilegal y tras el hallazgo sin vida de Julen, el viernes pasado, el dueño de la parcela podría ser imputado por homicidio por imprudencia. La figura corresponde al artículo 142 del Código Penal español. La pena podría ser de 4 años de cárcel.

La causa se abrió en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga el mismo 13 de enero. Ahora hay una única línea de investigación: la responsabilidad por ese pozo que se había perforado sin permiso el 20 de diciembre y que además estaba al descubierto.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil española se centró en comprobar si se habían solicitado los permisos para la perforación, si éste se selló correctamente y si el dueño de la parcela pidió autorización para el rebaje y el movimiento de tierra que allí se llevó a cabo, y que pudo ser la causa de que el sellado –que el pocero asegura haber hecho con una roca– desapareciera.

La conclusión, según detalla Diario Sur, fue que no habían tramitado los permisos correspondientes en ninguno de los casos.

En una investigación por "homicidio imprudente", como el lunes publicó El Mundo, "la calificación puede variar ante cualquier avance en las pesquisas o en los resultados de los estudios complementarios a la autopsia, que se espera puedan estar antes de un mes".

Todavía queda por determinar si esa imprudencia es grave (pena de uno a cuatro años de prisión) o leve (de tres a 18 meses de multa), a lo que se sumaría la responsabilidad civil, que también iría en dos vías: la indemnización a los padres y el costo del operativo de búsqueda, que fue millonario.

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