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Cornejo sobre el uso de armas: “Veo saludable que se los proteja un poco”

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El Gobierno de Mendoza adelantó su adhesión al nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego promovido por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, el cual generó una grieta en Cambiemos y el que ya tuvo un fallo en contra en la Justicia porteña.

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó que la medida que le da más poder a las fuerzas de seguridad para usar armas sin necesidad de dar la voz de alto deberá ir acompañada de “una fuerte capacitación policial en los centros de formación para no correr riesgos de que mueran personas inocentes”.

“Veo saludable que se los proteja un poco, porque si no los policías se retraen en hechos de violencia”, comenzó señalando Cornejo, aunque aclaró: “Pero creo que tiene que ir acompañado por una fuerte capacitación policial en los institutos de formación policial, todo el tiempo, para poder no correr riesgo de que mueran personas inocentes. Nosotros no hemos tenido, en Mendoza, esos problemas. Pero no estamos exentos de que eso nos pueda ocurrir”, expresó Cornejo.

“Entonces hay que estar muy fino en eso. Me parece bien que se los cubra bien legalmente, también me parece que paralelamente a eso hay que profundizar la formación policial, más aún. Lo estamos haciendo en Mendoza, pero sabemos que siempre hay que hacerlo y hacerlo  mejor”, completó.

Las fuerzas mendocinas con la adhesión al nuevo protocolo podrán utilizar sus armas “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos”, tal como establece la resolución firmada por la ministra Bullrich.

Es un respaldo a las policías, dentro del plexo de normas que había para las cuatro fuerzas de seguridad nacionales que también operan en territorio provincial. Implica una toma de decisión en pos de las fuerzas de seguridad que celebramos”, fueron las palabras del ministro de Seguridad provincial, Gianni Venier.

Otra prueba de la grieta en torno a la disposición es una muestra de la opinión de Luis Petri, diputado nacional de Cambiemos por Mendoza, quien destacó la resolución y aseguró que se busca “reglamentar que la Policía use el arma de fuego de manera eficaz en casos específicos”.

Según las estimaciones realizadas por familiares de víctimas de violencia policial, desde el retorno de la democracia hubo más de 200 muertes. El último caso fue el de Lucas Carrasco, asesinado en 2014 por un proyectil de gas lacrimógeno en un partido de Independiente Rivadavia, por el que está acusado el agente Diego Guzmán Zalazar.

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