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Ley 7772: los intendentes de San Carlos, Tunuyán y Alvear se plantan contra la reforma

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Por Pablo Mercado

El Senado provincial ya empieza a palpitar la definición del debate respecto de la reforma de la ley 7722, que regula la actividad minera. Hay tres departamentos que pusieron reparos a la flexibilización de la norma, fue el caso de San Carlos, Tunuyán y Alvear.

La sesión podría producirse a fines de este mes o comienzos del próximo, aunque, en realidad, nadie da una fecha con certeza. A instancias de las comisiones que están analizando los proyectos de Juan Agulles y Alejandro Abraham, se convocó a los intendentes de la provincia, aunque no todos pudieron asistir por cuestiones de agenda.

Por el momento, a favor de modificar la 7.772 se han manifestado Ciudad, Maipú, Guaymallén, Godoy Cruz y Malargüe. Este último es uno de los departamentos más interesados en reinstalar la minería en Mendoza. De hecho Agulles fue intendente del municipio sureño.

Entre las voces que se mostraron a favor se ubica la exposición del jefe comunal de Guaymallén, Marcelino Iglesias quien disparó: “La 7.722 atrasa, cuando se sancionó a mí no me gustó porque careció de un debate científico”.

Mientras tanto, en representación a la Municipalidad de Malargüe, su secretario de Gobierno, Carlos Vázquez afirmó: “Nosotros decimos sí a la minería, sí al cuidado del ambiente, a favor de la diversificación de la matriz productiva de la provincia”.

Por Godoy Cruz, su director de Ambiente y Energía, Leonardo Mastrangelo, consideró favorable abrir el debate e impulsar esta actividad, sin descuidar la sustentabilidad y las auditorías ambientales que se necesitan.

Desde una postura totalmente contraria a hacer modificaciones a la 7.722 se expresaron San Carlos y General Alvear. 

“Si en Mendoza no tuviéramos la Ley 7.722 esto sería Jáchal”, afirmó el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, en consonancia con su posición antiminera y en sintonía con las organizaciones y asambleas por el agua pura.

“En 2007 cuando se debatió esta ley lamentablemente no teníamos ejemplos cercanos de los peligros de habilitar la minería metalífera. Hoy tenemos los antecedentes de los distintos derrames que se produjeron en Jáchal, donde su comunidad no tomó conocimiento por el gobierno o por la empresa, sino por un empleado que a través de un mensaje les advirtió que no consuman ese agua”, planteó Difonso.

Creemos que los mendocinos tenemos que estar orgullosos de la norma que tenemos. Sumado a los casos de contaminación cercanos, debemos advertir la situación de sequía que estamos atravesando y creo que condiciona notablemente la decisión”, agregó.

En tanto, desde Alvear se transmitió lo que ya venía afirmando su jefe comunal, Walther Marcolini, quien se mostró en defensa de la Ley 7.722 y rechazó la idea de que haya algún tipo de margen como para realizarse cambios. En representación de Marcolini estuvo presente el director de Ambiente, Carlos Pía.

“Cualquier actividad que pueda afectar el medio ambiente es inconstitucional. El derecho ambiental es de naturaleza protectorio. Vamos a dejar sentado el rechazo a cualquier intento de reforma de cualquier propuesta a la 7.722”, dijo el director de Gestión Ambiental de Alvear, Carlos Pía.

Si bien no hubo representantes por Tunuyán, el intendente Martín Aveiro se mostró en contra de las modificaciones a la norma y acusó a sus “compañeros” de obedecer a intereses del oficialismo, hace algunas semanas atrás.

El gobernador Alfredo Cornejo todavía no coloca este tema en su “lista de prioridades”. Los legisladores radicales, por su parte, apenas hablan de “elevar la calidad del debate” y hasta se desmarcan, por las dudas, de los proyectos sobre la minería, al aclarar que no son del oficialismo.

 

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